Fundaciones y sector público: una cooperación estratégica para el interés general

La colaboración entre entidades del sector público y fundaciones privadas representa una vía eficaz para alcanzar objetivos de interés general mediante proyectos estructurados y bien definidos. 

Esta cooperación, regulada por un marco jurídico específico, ofrece distintas fórmulas legales que permiten a las fundaciones participar activamente en iniciativas de impacto social y económico. 

En este artículo, QualityConta le explica cómo establecer alianzas estratégicas dentro del marco legal vigente y qué opciones tiene su fundación para cooperar con la Administración.

Tipos de alianzas público-privadas para fundaciones

Las alianzas estratégicas pueden adoptar múltiples formatos jurídicos, según la naturaleza del proyecto. Entre ellos se encuentran los consorcios, sociedades mixtas, subvenciones y convenios, cada uno con sus implicaciones legales y operativas.

Los consorcios permiten ejecutar proyectos comunes entre entidades públicas y privadas. Aunque útiles, pueden resultar menos atractivos por su estructura rígida. Las fundaciones deben valorar si este tipo de alianza se adapta a su agilidad y capacidad de gestión.

Las sociedades de economía mixta aportan una mayor flexibilidad operativa. Estas estructuras híbridas, reguladas por el Real Decreto-ley 36/2020, permiten colaboración directa con entidades privadas sin perder control público.

Tabla comparativa de formatos jurídicos para alianzas público-privadas:

Tipo de alianza Características principales Adecuado para fundaciones
Consorcio Estructura pública, colaboración entre administraciones Sí, con limitaciones
Sociedad de economía mixta Capital público y privado, mayor agilidad operativa
Convenio Acuerdo con compromisos y obligaciones recíprocas
Subvención Ayuda económica sin contraprestación directa Depende del proyecto
Agrupación sin personalidad Asociación de entidades para ejecutar proyectos conjuntos

Instrumentos legales útiles en la cooperación fundaciones

Los convenios son una herramienta sencilla para establecer compromisos con la administración. Siempre que exista un objetivo común, permiten establecer condiciones claras y tareas específicas para cada parte.

Las subvenciones son habituales en proyectos con financiación pública predominante. Aunque no implican colaboración directa, pueden servir para articular acciones conjuntas si se estructuran correctamente dentro de agrupaciones cooperativas.

Las agrupaciones sin personalidad jurídica son recomendables para fundaciones que comparten proyectos. La responsabilidad solidaria, limitada al grado de participación, ofrece una fórmula equilibrada de cooperación con garantías legales claras.

Ventajas de las agrupaciones sin personalidad jurídica:

  • Permiten la unión de varias entidades para un objetivo común.
  • Facilitan el acceso a subvenciones específicas.
  • Mantienen la autonomía jurídica de cada participante.
  • La responsabilidad se limita al grado de implicación de cada miembro.

Colaboración con empresas y fondos públicos

Las fundaciones pueden formar parte de alianzas empresariales con fines sociales. Esto incluye desde sociedades mercantiles con capital mixto hasta participación directa en iniciativas empresariales cuando se justifique el interés general.

Los préstamos participativos y fondos públicos permiten a las fundaciones obtener financiación sin comprometer su carácter no lucrativo. Ejemplos como ENISA muestran cómo se puede incorporar capital público con un enfoque cooperativo.

Estas fórmulas de financiación aportan agilidad y profesionalización. Las fundaciones pueden así asumir proyectos más ambiciosos sin depender exclusivamente de donaciones o recursos propios.

PERTE y proyectos estructurales

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son una oportunidad única. Su diseño permite integrar distintos tipos de alianzas en una única estructura cooperativa, con objetivos claros y recursos específicos.

Las fundaciones interesadas deben inscribirse en el Registro Estatal de entidades PERTE. Esta inscripción puede ser necesaria para acceder a ayudas y facilita la gestión documental en futuras convocatorias.

QualityConta le ayuda a analizar la viabilidad de participar en estos proyectos. Evaluamos el encaje de su fundación dentro del marco PERTE y acompañamos en el proceso administrativo y jurídico.

Asesoramiento integral de QualityConta en alianzas entre fundaciones y sector público

En QualityConta entendemos la complejidad legal de las alianzas entre fundaciones y el sector público. Nuestro equipo le ofrece soluciones jurídicas y contables adaptadas a cada caso, siempre con profesionalidad y precisión.

Asesoramos desde la elección de la figura jurídica hasta la gestión documental y fiscal. Le ayudamos a identificar los instrumentos adecuados y a cumplir con todas las obligaciones legales en el marco de la colaboración público-privada.

Si su fundación quiere participar en alianzas estratégicas o proyectos PERTE, contacte con QualityConta. Le acompañaremos con rigor y compromiso para garantizar que su proyecto se desarrolle con seguridad y eficacia.

Preguntas frecuentes acerca de la cooperación fundaciones

¿Qué requisitos previos debe cumplir una fundación para participar en convocatorias de colaboración público-privada?

Para participar en convocatorias de colaboración público-privada, las fundaciones deben:

  • Estar registradas en el Sistema de Entidades (SISEN).

  • Tener una persona con representación legal dada de alta en el Registro Unificado de Solicitantes (RUS).

  • Cumplir con los requisitos específicos establecidos en la convocatoria correspondiente.
    Estos pasos son esenciales para acceder a las ayudas y participar en proyectos conjuntos con el sector público.

¿Puede una fundación participar en más de un proyecto dentro de una misma convocatoria?

Sí, una fundación puede participar en varios proyectos dentro de una misma convocatoria, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para cada uno de ellos y que su participación no suponga un conflicto de intereses ni una sobrecarga que impida el cumplimiento de sus compromisos.

¿Es necesario presentar un acuerdo de colaboración firmado por todas las entidades participantes en un proyecto conjunto?

Sí, en las convocatorias de proyectos en colaboración público-privada, es obligatorio presentar un acuerdo de colaboración firmado por todas las entidades participantes. Este documento debe detallar los compromisos, responsabilidades y aportaciones de cada parte en el proyecto.

¿Cómo se realiza el pago de las ayudas en proyectos en colaboración público-privada?

El pago de las ayudas se realiza directamente a cada una de las entidades participantes, no al representante de la agrupación. Cada entidad debe cumplir con los requisitos establecidos para recibir los fondos correspondientes a su participación en el proyecto.

¿Qué implicaciones tiene la Ley de Contratos del Sector Público para las fundaciones colaboradoras?

La Ley de Contratos del Sector Público establece normativas que las fundaciones colaboradoras deben cumplir al participar en procesos de contratación pública, asegurando transparencia y competencia. Esto implica que las fundaciones deben ajustarse a procedimientos específicos y cumplir con requisitos legales y éticos en sus colaboraciones con el sector público.

¿Qué beneficios pueden obtener las fundaciones al cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público?

El cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público puede brindar a las fundaciones la oportunidad de participar en procesos de contratación pública, acceder a financiamiento y contribuir al bienestar social de manera transparente y regulada. Además, fortalece la credibilidad y confianza en la gestión de las fundaciones.

¿Cómo pueden las fundaciones prepararse para cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público?

Es fundamental que las fundaciones se mantengan actualizadas sobre los requisitos y cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, establezcan procesos internos de cumplimiento y busquen asesoramiento legal especializado en contratación pública. Esto les permitirá participar eficazmente en proyectos conjuntos con el sector público.