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El Impuesto de Plusvalía Municipal (IPM) grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, cuando se produce una transmisión de la propiedad sobre los mismos (ya sea a través de una donación, de una herencia o de una operación de compra-venta).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de "capacidad económica" en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Además, en varias sentencias anteriores ya se ha rechazado la aplicación del Impuesto de Plusvalía Municipal puesto que no se está registrando un incremento del valor del terreno y, por tanto, no debe generarse el tributo.

Es decir: el contribuyente ha pagado un impuesto sobre una revalorización que, en muchas ocasiones, es ficticio y no se ha producido.

Teniendo en cuenta todas estas sentencias, prácticamente se garantiza que las solicitudes de devolución del Impuesto de Plusvalía Municipal se resolverán con éxito, siempre y cuando no exista plusvalía.

¿Por qué es recomendable solicitar la devolución?


Para calcular este impuesto, se tiene en cuenta el valor catastral del terreno, asignándole una revalorización en función de los años transcurridos desde la última transmisión (hasta un máximo de 20 años).Sobre este incremento, cada Ayuntamiento aplica un tipo impositivo. Sin embargo, dicho incremento podría considerarse teórico. Sobre todo, porque en los últimos años, se ha producido una depreciación de los terrenos como consecuencia de la crisis y del boom inmobiliario.
Según el Tribunal Constitucional, con la normativa actual, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien. Esta circunstancia impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir de acuerdo con su capacidad económica, según el art. 31.1 de la Constitución.

En concreto, QualityConta relizará las siguientes acciones


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1. Solicitud de ingresos indebidos

  • Estudio de la documentación.
  • Redacción y presentación del escrito junto con la prueba documental.
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2. Recurso de Alzada

  • Estudio de antecedentes.
  • Análisis de la prueba.
  • Redacción del recurso.
  • Redacción y presentación del escrito.
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3. Reclamación previa

  • Estudio de la documentación.
  • Análisis de la prueba.
  • Redacción y presentación del escrito.
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4. Recursos contencioso-administrativo

  • Estudio de la viabilidad del recurso.
  • Revisión de la documentación.
  • Formalización del recurso.
  • Actuaciones procesales.
  • Vista oral si hubiere lugar a ella.

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(*) Condiciones del servicio


  • En caso de sentencia estimatoria, los gastos por los servicios de abogado (valorados entre 425 euros y 625 euros según dedicación y complejidad) y procurador (valorados en 150 euros) serán abonados por la Administración.
  • No se incluye en el servicio el Informe de Tasación del Inmueble (valorado en 450 euros aproximadamente).

(*) Condiciones del Servicio


  • En caso de sentencia estimatoria, los gastos por los servicios de abogado (valorados entre 425 euros y 625 euros según dedicación y complejidad) y procurador (valorados en 150 euros) serán abonados por la Administración.
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